Retos normativos y financieros de las empresas ante la economía circular



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El Centre for European Policy Studies (CEPS) ha realizado un estudio en el que se plantean los principales retos a los que se enfrentan las empresas para poder llevar a cabo los cambios que conlleva convertir sus empresas al marco de la economía circular. Este post se centra en los desafíos normativos y financieros a los que empresas e instituciones deberán abordar, y en algunos aspectos financieros y de información que se consideran relevantes en este sentido.


El estudio ha sido realizado por el CEPS a partir de un grupo de trabajo compuesto por representantes de empresas, empresarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de investigación que se reunieron en 4 ocasiones ente 2016 y 2017.
 
A partir de estos grupos de trabajo se identificaron 8 temáticas con una serie de recomendaciones que la UE y los gobiernos nacionales deberían tener en cuenta para desplegar la circularidad entre las empresas europeas. Los enumeramos, aunque nos centraremos, a continuación, en el apartado de los retos en materia de normativa y finanzas:
 
Estrategia: se requiere de la UE mayor claridad sobre la visión de la economía circular en los distintos niveles políticos como en los distintos sectores. Recordemos que el propio CEPS realizó un estudio el año pasado poniendo el acento sobre este mismo asunto y que tratamos en un post anterior.
Ecodiseño y el vínculo con la responsabilidad extendida del productor.
Digitalización y tecnologías emergentes.
Retos normativos.
Finanzas.
Informe de sostenibilidad corporativa.
Compra pública verde.
Nuevos enfoques en los impuestos.
El informe también contiene en un apéndice las distintas líneas de financiación de la UE mediante las cuales se quiere facilitar a las empresas la transición a la economía circular.
 
RETOS NORMATIVOS
Traslado de residuos
 
En julio de 2016, la Comisión Europea adoptó el Reglamento (CE) nº 1013/2006 de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos para poder crear tablas de correlaciones entre aduanas y códigos de residuos con el objeto de distinguir las exportaciones legales de residuos de las ilegales fuera de la UE. Sin embargo, algunos de los procedimientos del Reglamento implican una gran carga administrativa y costes para las empresas de reciclaje, que pueden prohibir el envío de residuos a las instalaciones de recuperación/reciclaje en la propia UE. Por lo que se considera que, en algunos casos, se pueden evitar movimientos de residuos para reciclar y recuperarlos como recursos en beneficio de soluciones que sean inferiores en la jerarquía de residuos (incineración o vertedero). Un ejemplo de Dinamarca  sobre RAEE lo acaba de explicar:
 
(…) la Directiva Marco de Residuos de la UE regula cuándo los residuos procesados pueden considerarse ‘materias primas secundarias’, pero los criterios para considerarlos como tales no son claros y la clasificación de condición de fin de residuo, a nivel de la UE, no está funcionando adecuadamente según la industria. Un reciclaje de residuos más especializado requiere mayores cantidades de residuos para obtener economías de escala. Por lo tanto, Dinamarca (así como otros países pequeños) necesita exportar e importar residuos a instalaciones especializadas de tratamiento de residuos. En Dinamarca, los RAEE se obtienen normalmente de empresas y se exportan a instalaciones en otros países de la UE para recuperar los recursos. Este proceso crea desafíos burocráticos para la industria, ya que la obtención de una autorización de envío consume mucho tiempo.
 
Como medida para agilizar procedimientos y aminorar la pesada carga administrativa para el traslado de residuos, entre las recomendaciones del estudio, se encuentra el desarrollo de un procedimiento rápido para enviar residuos a instalaciones preautorizadas que cumplan con ciertos estándares. En este contexto, podría desarrollarse una lista de instalaciones preautorizadas que operen en la UE de acuerdo con los estándares disponibles y legalmente vinculantes.
 
Desafíos relacionados con las sustancias peligrosas y la refabricación
 
La refabricación, la renovación y la extensión de la vida útil del producto son prácticas propias de la economía circular para las empresas. Las piezas “centrales” de los productos se restauran para mantener el valor agregado de los materiales y oportunidades comerciales, dado que las empresas pueden generar un segundo o tercer ingreso por vender el producto. Por ejemplo, la refabricación de piezas usadas es una práctica común en la industria del automóvil, mientras que el reacondicionamiento es un proceso bien establecido en la industria de dispositivos de imágenes médicas. Una pieza remanufacturada cumple una función que es al menos equivalente a la pieza original mediante la restauración de la parte existente y el uso de procesos industriales en línea con estrictas especificaciones técnicas.
 
El Reglamento REACH (1907/2006/UE) tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de los riesgos de los productos químicos al tiempo que fomenta la competitividad de la industria europea. Sin embargo, el propio reglamento puede suponer:
 
Una dificultad respecto a las actividades de innovación y competitividad, sobre todo las pymes, porque puede que éstas orienten sus trabajos en I+D+i a cumplir con la legislación sobre sustancias químicas de la UE pero no pueden saber los costes adicionales sobre el cumplimiento de la misma.
Las empresas pueden carecer de previsibilidad con respecto a las sustancias que pueden verse restringidas en el futuro a raíz de las actualizaciones en la legislación sobre sustancias químicas de la UE. Esto a su vez puede causar dificultades para las compañías que planifican usar productos remanufacturados o partes de productos
La Directiva 2011/65/ UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) en equipos eléctricos y electrónicos es otra pieza clave de la legislación para la protección de la salud humana y el medio ambiente también crea algunos desafíos en el sector de la electrónica.
Otro desafío se relaciona con el acceso a la información sobre la presencia de sustancias peligrosas en productos y materiales recuperados. Un informe de Alice Bernard y Vito Buonsante de Client Earth de 2017  que evalúa  la interacción de la legislación química, la de productos y de residuos así como diferentes estudios de casos de productos, concluyó que el marco legal actual a menudo no garantiza la disponibilidad de información sobre la presencia de sustancias en los productos y las corrientes de residuos. Este problema de incertidumbre sobre las sustancias incluidas en los productos puede obstaculizar el trabajo de las empresas que deseen remanufacturar productos o utilizar materiales recuperados para producir nuevos productos. También puede ser motivo de preocupación para los funcionarios de compras públicas que deseen ser informados sobre la composición de los productos que adquieren. Se han propuesto varias soluciones a este problema: por ejemplo, la introducción de “pasaportes de productos” que contienen información sobre materiales y componentes a modo de una Declaración ambiental de producto EREP (p.7, 2014) o la construcción de un sistema de información de la UE para productos y sustancias. Sin embargo, debe reconocerse que hacer que dicha información sea fácilmente accesible en los ciclos de vida del material no es una tarea fácil y podría generar otras dificultades, como una mayor carga administrativa.
En relación a este reto, una Comunicación de la Comisión Europea (2018) sobre la interfaz entre la legislación sobre productos químicos y residuos reconoce la necesidad de garantizar que todos los agentes de la cadena de suministro, incluidos los operadores de residuos, tengan acceso a la información sobre sustancias de interés. Entre las acciones planificadas mencionadas en la Comunicación, se encuentra el lanzamiento de un estudio de viabilidad sobre el uso de diferentes sistemas de información, tecnologías y estrategias de trazabilidad. El documento también explica cuál sería el valor añadido de introducir un sistema obligatorio de información de la UE sobre sustancias de interés, lo que indica que esta sería una opción que debe evaluarse.
 
Desafíos en la implementación de la regulación de la UE en todos los Estados miembros
 
En las últimas décadas, la gestión de residuos dentro de la UE ha variado considerablemente. La cantidad de residuos municipales depositados se redujo del 64% en 1995 al 24% en 2016, mientras que durante el mismo período la cantidad de residuos municipales reciclados aumentó del 11% al 29%. Como resultado, el 73% de los residuos municipales en la UE se incineran, reciclan o compostan.
 
Sin embargo, a pesar de las mejoras en la media de la UE, la evaluación del progreso a nivel nacional muestra unos avances limitados en una serie de Estados miembros. Las prácticas arraigadas de los usuarios, así como la cultura política inherente de cada Estado miembro, afectan al enfoque utilizado para implementar la legislación.
 
La implementación efectiva de la legislación requiere de prerrequisitos, como la existencia de infraestructuras y sistemas. Los relacionados con la legislación de residuos de la UE incluyen procesos establecidos de recogida de residuos, la infraestructura de plantas de tratamiento de residuos y las disposiciones institucionales y administrativas, que tienen diferentes etapas de desarrollo en los Estados miembros. Esto ha llevado a enfoques divergentes en la aplicación de la legislación de residuos de la UE por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales.
 
Los instrumentos económicos, en combinación con otras medidas, pueden fomentar el desarrollo de la infraestructura de recogida y procesamiento de residuos. Los impuestos a los vertederos representan uno de esos instrumentos. En los 24 Estados miembros que han implementado un impuesto al vertedero, las tasas varían significativamente en toda la UE, desde 3 €/ton de residuos a más de 100 €/ton. Rumanía ha aplicado recientemente un impuesto de vertedero de 26 € por tonelada, mientras que otras regiones, por ejemplo, la región de Valonia en Bélgica, tienen un impuesto que llega hasta 113 € por tonelada de residuos. Alemania es un país sin un impuesto al vertedero; en cambio, en 1993 se introdujo la prohibición de vertido de residuos no tratados, que es otra forma de fomentar más instalaciones de tratamiento de residuos.
 
Una cuestión que afecta los costes del vertedero y la demanda de infraestructura de tratamiento de residuos es la presencia de vertederos ilegales en varios estados miembros, entre ellos España. Aumentar los impuestos al relleno sanitario o implementar prohibiciones del vertido en los países rezagados en el desarrollo de la infraestructura de residuos, junto con un enfoque más estricto en materia de vertederos, podría proporcionar los incentivos necesarios para avanzar sistemas de tratamiento de residuos en estos países.
 
RETOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO
La economía circular ha hecho emerger los mercados BSC (Business-to-Consumer: “del negocio al consumidor”), que son mercados en el que las empresas comerciales llegan directamente al cliente o consumidor final, como por ejemplo los comercios on-line y los mercados B2B (Business- to- Business: “de empresa a empresa”) en el que las empresas comercializan sus productos o servicios a otras empresas.
 
Muchos modelos de producto como servicio (incluido el alquiler) tienden a tener éxito en el mercado B2B por cuanto es más ventajoso, económicamente, no adquirir la propiedad del producto en cuestión, a diferencia de otras opciones como el leasing, por ejemplo. Sin embargo, las empresas a menudo topan con dificultades para implementar en el mercado B2C aquellos modelos que funcionan con éxito en el mercado B2B. Una de las razones principales de esto es que los consumidores tienden a priorizar el precio de los productos en lugar de los beneficios económicos del ciclo de vida completo que podrían proporcionar los modelos de producto como servicio. Aunque muchos consumidores han comenzado a favorecer el acceso a los productos con respecto a la propiedad, culturalmente, la propiedad del producto sigue siendo importante para una gran parte de ellos. Incluso, en algunos casos, los consumidores consideran que los productos reutilizados o reacondicionados son inferiores en comparación con los nuevos productos
 
Hay que añadir que en el mercado B2C, la atención del consumidor al precio inicial puede disuadir a las empresas de producir productos con contenido reciclado, productos con durabilidad a largo plazo o productos que puedan repararse más fácilmente. Además, existen pocos mecanismos para incentivar el mercado B2C para que los consumidores reparen un producto en lugar de comprar uno nuevo, siendo generalmente débiles. Esto indica que se necesita apoyo normativo para mejorar la demanda de los consumidores de productos y servicios circulares en relación con los productos tradicionales no circulares.
 
En cuanto al entorno B2B, las dificultades residen en que a menudo hay una falta de cooperación de múltiples empresas a lo largo de la cadena de suministro debido a sus diferentes intereses y prioridades y que, al igual que en el entorno B2C, en el entorno B2B también existe a veces la percepción errónea de que los productos y servicios circulares son de menor calidad o más costosos que los productos y servicios tradicionales. Como consecuencia, las empresas que cambian su modelo comercial para integrar procesos circulares a veces tienen dificultades para convencer a sus clientes en el mercado B2B sobre los beneficios del nuevo modelo. Otros desafíos en el entorno B2B derivan de la falta de transparencia sobre el origen o contenido de productos, recursos y materiales, lo que puede desalentar a las empresas para que adopten prácticas circulares.
 
A todo ello, ¿cómo se financian los modelos de empresa circulares?. Lo cierto es que la financiación de las empresas con modelo circular topa con otras dificultades que las mencionadas anteriormente, tal como se explica en este post de ING Direct:
 
Las empresas sostenibles como la del Fairphone, que pone al servicio un modelo de móvil modular para alargar al máximo su vida útil, se encuentran que viven en un mundo insostenible por lo que incluso ellos deben reorganizar su modelo de negocio por la falta de piezas de recambio que han dejado de estar disponibles en el mercado porque se dejaron de hacer. Esto ha conllevado el replanteamiento de la empresa a un modelo B2C donde la dificultad está en cómo se financia. Y eso que esta empresa la financian ABN AMOR Group y la propia ING, entre otros.
 
Aún y así empiezan a aparecer entidades financieras que basan su negocio en la apuesta financiera especializada en capital privado que invierte en pymes europeas que operan en la economía circular como, por ejemplo, Circularity Capital.
 
Parte de la dificultad en saber cómo financiar estos modelos circulares es que, a pesar de las proyecciones optimistas en cuanto a su resultado, al no reconocerse claramente los modelos implica que las entidades financieras no los reconozcan fácilmente. Además, es necesario que toda la cadena de valor ligada al nuevo tipo de negocio esté muy bien informada sobre lo que implica este tipo de modelo. Es también por esta razón que resulta difícil que los agentes implicados arriesguen en ellos.
 
Sobre modelos de negocio de economía circular se ha escrito mucho. A continuación les enlazamos a un resumen de un estudio de la Consultoría Accenture Strategy en el que precisamente identificaba 5 modelos de modelos de negocio de economía circular:
 
Modelos basados en una cadena de suministro circular.
Modelos basados en la recuperación y reciclaje.
Modelos basados en alargar la vida útil de los productos.
Modelos de plataformas compartidas. Son modelos muy basados en la tecnología digital.
Modelos basados en productos como servicio.
A su vez, muchos de estos modelos mueven los pagos únicos en un punto de venta a pagos en curso a lo largo de todo un contrato de alquiler, lo que crea cierta incertidumbre en saber la capacidad del cliente en continuar pagando la vigencia del contrato que se haya establecido.
 
Algunos de estos modelos de negocio motivan nuevas preguntas para los financiadores como son: “¿cómo se recupera el valor después del uso de un producto?, ¿quién es el responsable del activo?, ¿quién lo tiene en su hoja de balance?”.
 
Es por ello que se habla de modelos de negocios innovadores y que empiezan a desarrollarse estudios y guías para que los bancos puedan seguir su lógica y adaptar sus productos financieros a esta nueva realidad. En este sentido, el think tank holandés Sustainable Financial Lab sacó a principios de este año un informe en el que se pudo comprobar que las finanzas para la innovación de los modelos comerciales circulares crean un cambio de la evaluación basada en activos (estandarizados) hacia flujos de efectivo (futuros) como base para los préstamos bancarios. También se observó que, por tecnología de préstamo, los diferentes bancos evalúan los diferentes componentes del modelo de negocio. Los bancos evalúan principalmente el modelo de negocio innovador en función de la evidencia de flujos de efectivo futuros, relacionados con la parte de captura de valor del modelo comercial y, en el caso de las cuentas por cobrar, sobre los términos del contrato y la calidad de los clientes. Establecer relaciones con bancos, proveedores y clientes muestra que es una ruta prometedora para financiar los modelos de negocio innovadores. Los préstamos basados en activos para negocios con modelo innovador están subdesarrollados debido a los activos (recursos) específicos de la empresa y del contexto, pero se pueden mejorar mediante la estandarización, la modularidad y la flexibilidad, así como el desarrollo del mercado secundario.
 
Así, pues, para avanzar hacia un modelo circular se requerirá más claridad en la definición de conceptos, los requerimientos y modelos de negocio innovadores. Más transversalidad y colaboración entre los distintos agentes implicados. En el ámbito normativo deberá avanzarse en cómo casar la legislación REACH con los preceptos de la economía circular, definir la trazabilidad y componentes de los productos y desarrollar instrumentos económicos que resulten eficaces; y en el financiero, realizar un cambio de mirada y conceptualización de la financiación para poder hacer efectivo el desarrollo de los nuevos modelos de negocio circulares.
 
Cabe destacar que el entusiasmo de los participantes involucrados en el estudio de CEPS no se alimentó solo por los beneficios ambientales que supone la economía circular. Hubo acuerdo en que la circularidad puede ser una fuente de renovación y nueva competitividad en un momento en que los planteamientos de bajo coste y gran volumen han demostrado ser insostenibles para la industria europea.
 
Autora: Alexandra Farbiarz Mas. Comunicóloga, especializada en Biotecnología y Medio Ambiente. TERRAQUI. Derecho Ambiental.